El documento de Pablo Manzanelli[1] analiza críticamente el nuevo acuerdo que el gobierno argentino busca con el FMI[2] mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuestionando la legalidad y la falta de transparencia en la información proporcionada.
Se señala que este acuerdo se negocia sin la aprobación explícita del Congreso, a pesar de lo establecido por la ley. El autor examina el posible monto del préstamo, su destino para cancelar deuda previa[3], y los riesgos de generar aún mayor endeudamiento y condicionamientos por parte del FMI.
El texto argumenta que la necesidad de este nuevo crédito surge de la fragilidad del modelo económico actual, caracterizado por una valorización financiera de corto plazo y un deterioro de la situación externa, más que por una genuina necesidad de cubrir vencimientos inmediatos.
En contraposición al discurso oficial, se sostiene que este acuerdo implica un aumento de la deuda con el FMI, un acreedor con significativas implicaciones políticas, y se critica la gestión de los dólares ingresados previamente por el gobierno actual. Finalmente, el análisis sugiere que este nuevo endeudamiento busca sostener artificialmente la situación financiera y el proceso de reducción inflacionaria, repitiendo estrategias pasadas de endeudamiento para financiar la valorización.
Es central identificar claramente los factores económicos y políticos en Argentina que motivan este nuevo acuerdo con el FMI, según la información proporcionada, son diversos y están interrelacionados:
Factores Económicos:
• Necesidad de refinanciar deudas existentes: El gobierno busca este nuevo PFE[4] con un plazo de amortización de 10 años y 4 años y medio de gracia para cancelar una «parte sustancial» de las Letras Intransferibles y las «operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022», este último utilizado para refinanciar el acuerdo stand-by de Macri. Los vencimientos de estas deudas operan dentro de los 4 años siguientes a la firma del nuevo acuerdo.
• Refinanciación de vencimientos con el FMI: Se interpreta que el acuerdo también tiene como objetivo refinanciar los vencimientos de capital e intereses que Argentina tiene con el FMI durante los próximos cuatro años, que se estiman entre 14.192 y 23.480 millones de dólares.
• Situación económica externa delicada: La propia necesidad de recurrir al FMI como «prestamista de última instancia» evidencia la delicada situación externa que atraviesa la economía argentina.
• Posible estrategia de fortalecimiento de reservas: Se infiere que el gobierno podría utilizar el crédito del FMI para cancelar una parte importante de las Letras Intransferibles y constituir reservas. La intención sería luego afrontar los futuros vencimientos con el FMI a través de la compra de divisas con pesos generados por el superávit fiscal, evitando la emisión de nuevas Letras.
• Sostenimiento de la «burbuja financiera» y control de la inflación: En un contexto de limitado crédito internacional e inversión extranjera, el gobierno podría buscar financiamiento externo para sostener la actual «burbuja financiera» de corto plazo basada en altas tasas de interés en moneda local y evitar un salto devaluatorio que afecte el proceso de reducción de la inflación, considerada su principal carta electoral. Los dólares provenientes del ajuste cambiario inicial y el blanqueo extraordinario se están agotando.
• Agravamiento del déficit de cuenta corriente: El deterioro del sector externo, evidenciado por un déficit de cuenta corriente creciente debido a las intervenciones en el mercado de cambios, el atraso cambiario y la apertura comercial, podría impulsar la necesidad de financiamiento externo a través del FMI.
Factores Políticos:
• Elusión del Congreso: El gobierno de la Libertad Avanza busca la cobertura legal para el nuevo acuerdo a través de un DNU[5], interpretando que la ley que exige aprobación congresional no implica una revisión de los «fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular». Esto sugiere una motivación política para evitar el debate y la aprobación explícita del Congreso.
• Retórica de no aumento de la deuda bruta: El gobierno sostiene que el acuerdo no implica un aumento de la deuda bruta, ya que se utilizará para cancelar deuda con el Banco Central. Sin embargo, esto implica un cambio de acreedor, pasando de deuda intra-estatal a deuda externa con el FMI, con las consecuentes implicaciones políticas y de condicionalidades.
• Continuidad de un modelo de valorización financiera con dependencia del FMI: A pesar de las históricas críticas a los acuerdos con el FMI y sus condicionalidades, el gobierno actual parece recurrir a esta estrategia, similar a la del gobierno de Macri, lo que sugiere una continuidad en la concepción de la política económica con un rol central del financiamiento externo.
• Necesidad de mostrar resultados en la lucha contra la inflación: La reducción del ritmo inflacionario es presentada como un logro clave del gobierno. Obtener financiamiento del FMI podría ser percibido como una forma de consolidar esta tendencia en el corto plazo, con una mirada puesta en las próximas elecciones.
• Gestión de la deuda heredada: Si bien el gobierno critica la deuda de las Letras Intransferibles creadas para cancelar deuda con el FMI y evitar sus condicionalidades, paradójicamente recurre nuevamente al organismo, lo que podría interpretarse como una dificultad para manejar la carga de deuda heredada. La estrategia anterior del Frente de Todos se limitó a refinanciar la deuda dentro del marco del FMI.
Aquí acercamos el informe de CIFRA que presenta una visión crítica del nuevo acuerdo con el FMI, resaltando la falta de transparencia, la elusión del debate legislativo, el cuestionable argumento de la no elevación de la deuda bruta, los riesgos de aumentar la exposición al organismo y la posible motivación de sostener una estrategia económica de corto plazo.
En resumen, la motivación detrás del nuevo acuerdo con el FMI parece ser una combinación de la necesidad de gestionar vencimientos de deuda existentes[6], la búsqueda de recursos externos ante una situación económica vulnerable y la intención política de sostener su programa económico y la reducción de la inflación, aunque esto implique aumentar la exposición al organismo internacional y eludir el debate legislativo.
[1] Investigador y coordinador de CIFRA-CTA y del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO.
[2] Fondo Monetario Internacional
[3] incluyendo Letras Intransferibles al Banco Central
[4] Programa de Facilidades Extendidas
[5] Decreto de Necesidad y Urgencia
[6] tanto con el FMI como con el BCRA
